NUEVA PROPUESTA DE PAZ







Breve Historia del Conflicto.



La conflictividad sangrienta entre hijos de la patria colombiana ha sido la característica más prolongada y persistente de la vida social y política del país, desde hace seis décadas. Aunque mudable en sus modalidades, el proceso de la actual violencia remonta a los años de 1948, cuando se inició como un enfrentamiento entre azules y rojos. Este primer período fuè similar al de las guerras civiles que sostuvieron los partidos tradicionales durante el siglo XIX. Pareció ser una prolongación anacrónica de ellas en plena mitad del siglo pasado. La guerra interpartidaria finalizó en 1957 con el llamado “Frente Nacional”, que estableció una serie de gobiernos compartidos por conservadores y liberales con la alternación y la paridad política entre ellos. No sobra recordar que la paz se hizo entonces con amnistías o indultos generales y sin penas de cárcel para los actores o cooperadores del conflicto.



Un segundo período de la conflictividad que sufrimos comenzó, al menos en forma violenta, en los primeros años de la década del sesenta. Se dice en forma violenta, porque de modo larvado y encubierto se había iniciado mucho antes, cuando algunos líderes de las guerrillas liberales, Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, entre otros, recibían preparación y entrenamiento para la guerra en países comunistas, como Checoslovaquia.



El segundo gran período se ha prolongado hasta ahora. Está compuesto por grupos como la FARC y el ELN y hasta hace poco por el M-19, cuyos militantes también recibieron amnistías o indultos al desmovilizarse y no penas de cárcel. Con leyes de perdón y olvido pasaron directamente a la Constituyente de 1991 y a ocupar importantes cargos políticos. Difiere esta etapa de la anterior, por ser una guerra insurreccional antisistémica y por estar o haber estado inspirada en una ideología distinta de los partidos tradicionales, la marxista o comunista.



También difiere por la posterior emergencia de una contrainsurrección no estatal, de grupos de “autodefensas”, que algunos denominan “paramilitares” y, adicionalmente, por la actuación del factor del narcotráfico, ya de modo independiente a los dos sectores armados, o ya como modo directo de financiación de ellos dos.



Este conflicto, que ya va a cumplir sesenta años, es uno de los más prolongados de la historia mundial y, ciertamente, el más largo de los llamados “insurrecciónales”.



En la actualidad, se dan los pasos de un proceso de “justicia y paz”, con el sector de las autodefensas. Pero los escandalosos sucesos que día a día están mostrándose, en buena parte como resultado de las confesiones de los implicados en tal proceso, hacen necesario el recuento de sus principales errores, antes de tratar lo concerniente a una nueva propuesta de paz.



1. Error estratégico



Un error estratégico: Haber pretendido hacer la paz con uno sólo de los sectores involucrados en el conflicto que vive Colombia y no con todos ellos.





En efecto, la paz que se ha buscado únicamente con las autodefensas y no, al mismo tiempo, con los otros actores armados de la guerrilla, deja cojo el proceso. Pero lo peor, significa el gran error estratégico de haberle suprimido el más duro enemigo a esa guerrilla, por lo cual ella debe estar de plácemes con el gobierno, ya que le ha hecho ese paradójico e inesperado favor.



Disminuídas la fuerzas antiguerrilleras, el panorama de la llamada “defensa democrática” ha quedado también disminuído y maltrecho. Y en este punto no vale hacer alegatos abogadiles , proclamando dogmas abstractos, como ese de “el monopolio de las armas en el Estado” –monopolio que la realidad colombiana desmiente y siempre ha desmentido– o el dogma de que el Estado no necesita de colaboradores extraños o privados, que también la realidad desmiente ante la manifiesta insuficiencia de sus fuerzas y recursos. El hecho de que los territorios de donde se han desmovilizado las autodefensas, esté siendo ocupado progresivamente de nuevo por los guerrilleros, es clara demostración de ello.



En resumen, una gran equivocación estratégica ha sido el deseo -sincero pero irreal- de pretender hacer la paz con uno solo de los sectores armados ilegales y no con ambos, es decir, con las autodefensas, pero sin incluír al mismo tiempo, a las FARC y el ELN.



2. Eclipse de lo Social por lo Militar



El segundo error, en buena parte consecuencia del anterior, es la insuficiencia de recursos económicos para atender simultáneamente, de un lado, a las necesidades y gastos militares del programa de seguridad democrática y, de otro, a los clamores de mayor justicia social y, sobre todo, de trabajo bien remunerado para la inmensa masa de desocupados y subempleados.



Ante la imposibilidad de atender como fuera deseable el sector social, el gobierno se verá obligado a dar prelación a los gastos de defensa y no a inversiones para conseguir el pleno empleo y ampliar la cobertura de los servicios públicos. De este modo, se alejarán aún más las oportunidades de dar fin a la cruel guerra que sufrimos desde hace muchas décadas, porque hoy, con el hambre y miseria esgrimidas como pretextos por los actores guerrilleros, será más difícil de conseguir la anhelada paz.



3. Justicia Castigadora, no Reconciliadora



El tercer yerro, tiene que ver con las características, exigencias y condiciones del actual proceso de paz, que somete a los alzados en armas a la presión de confesar todos los delitos a cambio de una simple rebaja de penas , pero no a la extinción de toda pena.



Es obvio, que la paz debe hacerse con base en la verdad y en la reparación. Verdad para que se sepa todo lo que pasó realmente y a partir de ella tratar de amistar a las víctimas o a sus parientes, con los victimarios. Y esto, tal como se hizo, por ejemplo, en Suráfrica, para acabar la cruelísima y prolongada guerra entre negros y blancos. En este país se aplicó “justicia restaurativa”, no punitiva o penalizadora. Justicia, político-moral, no la del código criminal.



En el caso de Colombia, se trata de aplicar esta última, la penalizadora, aunque disminuída en los años del castigo, pero con la resultante de que a las inevitables heridas que deja todo conflicto, en vez de curarlas con suave bálsamo, se las riega con sal, fomentando más odios, rencores y deseos de venganza.



Sin el perdón mutuo seguiremos odiándonos y, por consiguiente , también continuaremos matándonos. Así, entonces, no tendremos asegurado un mejor futuro.



En síntesis, mientras la verdad en el mencionado caso de Suráfrica sirvió para suscitar reconciliación y amistad entre los actores del conflicto, en Colombia, por el contrario, está generando más odiosidades y distancias.



En cuanto a reparación, hay que afirmar que ella debe darse, en la medida de lo posible y justo, pero también en forma realista, sin dejar en la inopia a los responsables. Nadie hace la paz para quedar en la ruina.



4. Estado Nominal no Presente



Evidente e insoslayable es el hecho de que, en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado ha sido más nominal que real , los ciudadanos, ayunos de efectiva protección institucional , han tenido que soportar la presencia de dominadores ilegales, ya de las guerrillas de la FARC o del ELN, ya de los paramilitares. Y no sólo “soportarlos” sino también, muchas veces convivir, convalidar y cooperar activamente con ellos.



En esta situación se han visto involucrados pobladores comunes y corrientes, pero también empresas agrícolas, comerciales e industriales, políticos y hasta policías, militares y autoridades lugareñas.



Hay, por tanto, un tufillo de hipocresía o de pseudoidealismo, cuando por seguir dogmas abstractos se desconocen tales realidades que han obligado a muchos colombianos de bien a establecer formas de convivencia con los delincuentes. Culpa mayor de esta situación ha sido del Estado por su negligencia o su incapacidad de ejercer efectiva autoridad en toda la nación. De consiguiente, mal podría ahora descargarse todo el peso de las leyes penales sobre quienes se vieron en la necesidad de establecer entendimientos con las autoridades ilegales que ocupaban o controlaban de hecho muchos territorios del país.



No sólo razones de justicia elemental sino de un¬¬¬¬ nuevo realismo, obligan a optar por una solución de “borrón y cuenta nueva”, al menos cuando no hubo de por medio delitos atroces. Hacer “cacería de brujas” en lugar de facilitar la paz, la complica y aleja. Otro motivo más es este para optar por soluciones de justicia restaurativa, no penalizadora, si de verdad queremos enterrar viejos e inútiles rencores y concentrarnos más bien en la construcción de un porvenir mejor compartido amigablemente por todos.



5. Extradición



Otro inconveniente en el actual proceso de paz, tiene relación con la extradición de los actores del conflicto. En el caso de las FARC y del ELN, hará imposible la paz, porque ninguno de los guerrilleros querrá dejar las armas para ir a podrirse de por vida en una cárcel de USA.



En el caso de las autodefensas, está distorsionando por completo sus finalidades, haciendo que los paramilitares se acojan gustosos a ella, no sólo para eludir cárcel en Colombia, sino para tener la garantía de que al menos podrán gozar del 20% de los dineros adquiridos por causa del narcotráfico. Esto, con el resultado negativo para Colombia, de que el 80% restante será para USA y no para nuestro país, que ha soportado las peores consecuencias del conflicto.



6. Deslegitimación de la Clase política



Inocultable y generalizado ha sido el desprestigio de la clase política que, a su vez, ha causado la deslegitimación de importantes ramas y sectores del Estado, en especial del Congreso de la República y de órganos ejecutivos de nivel nacional, departamental y municipal.



Diversas causas han motivado esta deslegitimación de los políticos de todas las tendencias, denominaciones y partidos. En primer lugar, la frecuente, escandalosa y creciente corrupción en el manejo de los recursos y bienes públicos. Pero, también, la solidaridad, complicidad o cooperación con el narcotráfico y los alzados en armas. Y esto último no sólo con las autodefensas o paramilitares. También con las guerrillas, por parte de políticos de izquierda, sobre todo de algunos conspicuos del “Polo Democrático”, según indicios que comienzan a configurarse y aflorar a la luz pública.



Pecado común de políticos, tanto de derecha como izquierda, que deja sin consistencia el maniqueismo de estos últimos, en su pretensión de inculpar de sus propio pecado a los contrarios.



La deslegitimación de la clase política como tal, hace perder credibilidad a procesos de paz adelantados por miembros de ella. Se impone, por tanto, su relevo si de verdad se busca poner fin al calvario colombiano que va a cumplir sesenta años.







UNA PROPUESTA DE PAZ





Si de verdad queremos acabar la barbarie y las atrocidades debemos desmontar injusticias sociales, pero, al mismo tiempo, odios y represalias. Es decir, necesitamos grandes reformas constitucionales, soluciones socioeconómicas efectivas e, igualmente, cambios morales y espirituales para reconciliarnos como hermanos y como buenos hermanos, también, compartir bienes morales, políticos y económicos. Sólo así vendrá la paz y la prosperidad para todos.



1. Justicia Reconciliadora



Como se dijo atrás, hay que concebir una justicia que tienda puentes de amistad y reconciliación entre las partes del conflicto, en lugar de una justicia que simplemente castigue y sancione. Justicia que, ciertamente se base en la verdad y la reparación, pero con el fin de restaurar heridas, haciendo que los delincuentes pidan perdón y los ofendidos los perdonen.



2. Justicia Social con Tercería Económica



Tercera vía entre el socialismo estatista y el capitalismo neoliberal, con una economía mixta de dos grandes sectores en competencia dinámica, el de las actuales empresas tradicionales, de un lado y, de otro, el de las comunidades organizadas productivamente en empresas comunitarias, cooperativas y de toda suerte de entidades comunales y de solidaridad social activa.









El Estado vigilante y controlador e incluso promotor y colaborador eficaz de los sectores más débiles, pero no empresario ni gestor directo o productor.



3. Justicia Restauradora de Valores Morales



Mal puede conseguirse la paz y un buen gobierno sin respeto y observancia de los valores religiosos, morales y cívicos aceptados por todos los colombianos sin distinción de credos, iglesias y también de partidos.



Nos referimos a los preceptos de la ley moral natural, admirablemente compendiados en los diez mandamientos del Decálogo judeo-cristiano. Reconocemos que la paz, si bien es responsabilidad y tarea de los hombres, también es, y ante todo, un don de Dios que El da a quienes con buena voluntad observan sus leyes y preceptos en sus vidas y, en especial, en sus relaciones familiares, laborativas y sobre todo en las políticas, como imperativo para merecer la paz.



4. Guardia Cívica Nacional



En el caso, ojalá improbable, de que la guerrilla desconozca el generoso y patriótico llamamiento a conseguir un acuerdo para poner fin al conflicto y hacer la paz, y ante la insuficiencia de las fuerzas armadas oficiales para reducirlos, así como de los recursos financieros del Estado para incrementar el pié de fuerza y dar cobertura de seguridad a los pobladores de los territorios de donde se han desmovilizado las autodefensas, es necesario prever la creación de una fuerza nueva y adicional que complemente a las tradicionales de ejército y policía. Sería una guardia cívica nacional que, bien a diferencia de las clandestinas, como las llamadas paramilitares, ésta sería convocada por el Gobierno, estaría bajo su vigilancia y control y se organizaría de acuerdo con la Constitución y leyes de la República, con toda transparencia.



Además de cumplir labores de cooperación táctica y estratégica con las fuerzas armadas oficiales, la Guardia Cívica Nacional estaría compuesta por personas residentes en lugares fijos, organizados en la medida de lo posible, en empresas comunitarias y desempeñarían otras tareas útiles, como la de la policía ecológica y cooperadores para combatir la delincuencia ordinaria.



5. Gobierno de Transición y Constituyente



Tal como transcurren los actuales acontecimientos, hay que considerar el evento, probable de que se presente una vacante presidencial, ya por renuncia del primer mandatario, ya por cualquier otro motivo. En tal caso, es necesario impedir que el poder sea tomado por el Polo Democrático, aliado tácito de la guerrilla. Para ello hay que considerar la conveniencia de un plan para convocar un gran acuerdo nacional encaminado a instaurar un gobierno provisional, con el encargo de convocar una constituyente y de realizar la transición a la normalidad. En efecto, deslegitimada como está la clase política, ésta ha deslegitimado, también, al Estado con todas sus instituciones, y en especial al Congreso de la República y a los cuadros dirigentes del ejecutivo, aunque igualmente, a algunas instancias de la rama judicial. De aquí la imperiosa necesidad de replantear el Estado, para lo cual se requiere de una Constituyente y de un gobierno de transición, que bien podría estar formado por una junta cívico-militar.